MACRI: LA DEUDA COMO OBJETIVO DE GOBIERNO

Por Héctor GIULIANO (9.1.2017)

Una pseudo-racionalidad financiera de base neoliberal dice que la Deuda Pública es consecuencia del Déficit Fiscal y que, por lo tanto, reduciendo dicho déficit se eliminaría y/o atenuaría la necesidad de endeudamiento para financiarlo.

Decimos pseudo-racionalidad – o simplemente irrealidad - por tres motivos:

1. Porque este razonamiento soslaya que la Deuda es también un factor determinante del déficit del Estado, que se produce vía aumento del Gasto Público (devolución del Capital más Intereses y Honorarios/Gastos), con el consecuente círculo vicioso que genera: más endeudamiento = más pago de servicios de la deuda (por capital e intereses) = mayor peso de ambos rubros en el Presupuesto anual (por desequilibrio del Resultado Financiero debido a las refinanciaciones íntegras del Capital y la toma de deudas adicionales, y por aumento del Gasto Corriente por los Intereses a pagar) = más cobertura del incremento del déficit así producido con nueva deuda pública.
2. Porque la experiencia histórica argentina de los últimos 40 años (1976-2016) demuestra que – bajo administraciones de gobierno de distinto tipo y signo – la regla del endeudamiento sistemático y creciente, sin demostración alguna de capacidad de repago, se ha cumplido a rajatabla; y siempre con el mismo argumento: la aspiración de volver a colocar más deuda, preferentemente en el mercado internacional de capitales.[1]
3. Porque este círculo vicioso no es un subproducto o efecto no deseado del endeudamiento del Estado sino, por el contrario, un objetivo dogmático e institucional de política financiera fiscal, bajo la fórmula de que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago mientras haya recursos suficientes para poder abonar sólo los intereses anuales y refinanciar así íntegramente los vencimientos de capital, lo que significa convalidar un régimen de Deuda Pública perpetua.

Bajo este esquema, conceptual y fáctico, la deuda – originariamente un recurso extraordinario de financiamiento público (motivado la mayoría de las veces por gastos de guerra o sufragio[2] de catástrofes) – deviene así una fuente de financiamiento regular e institucional del Estado.

A esto denominamos Sistema de Deuda Perpetua ya que tomar obligaciones sin demostración alguna de capacidad de repago y, por el contrario, dando por sobrentendido que tales compromisos no tendrán amortización efectiva a su vencimiento sino que serán renovados totalmente – pagando siempre deuda con nueva deuda – supone aceptar la regla básica de que el Estado se financie con Deuda impagable

Los gobiernos de turno y los portavoces del establishment soslayan este tema porque es insostenible desde el punto de vista teórico y tanto o más cuestionable aún desde el ángulo fáctico dado que la operatoria de endeudamiento perpetuo, además de nociva, es secreta y trasunta todo tipo de irregularidades que afectan su legitimidad.

Desde el punto de vista de la teoría financiera la idea de deuda perpetua es un absurdo:

a)    Va contra la lógica más elemental de toda economía individual/familiar, empresaria y/o estatal (en cualquiera de sus niveles de gobierno) que se viva sosteniendo permanentemente la actividad económica con deuda: lo que  corresponde al viejo y sabio dicho de que no se puede vivir de prestado.

b)    La formulación académica o científica sólo podría aceptarse si la toma de deuda es realmente necesaria – podríamos decir indispensable (sobre todo en el caso de deuda externa) - y si la tasa de rentabilidad del proyecto a financiar con endeudamiento es mayor que la tasa de interés de los fondos prestados, si los costos totales de la operación son convenientes (incluyendo comisiones/honorarios, gastos administrativos, etc.) y si las operaciones no están atadas a condicionamientos de otro orden (caso de contraprestaciones no financieras sino de carácter político, como si se tratara de un pago adicional en especie); pero éste no es ni ha sido el caso argentino.

c)    Más aún, aunque hipotéticamente se cumplieran los requisitos del punto anterior, las operaciones de endeudamiento individuales, es decir, por tipo de instrumento de deuda que se contraigan, no podrían ser debidamente evaluadas sin considerar el gravísimo problema estructural de la deuda impagable existente dado que aunque los nuevos préstamos cumpliesen la condición de ser necesarios y convenientes – según los términos del punto b) – las ecuaciones de liquidez/solvencia no se darían como solución de conjunto, tal como ocurre en el caso argentino, al tener que coexistir nuevas deudas con obligaciones de arrastre; esto es, la suma de dos tipos de endeudamiento fiscal.

Este esquema financiero irracional se agrava más todavía si – como también hoy se está dando en nuestro país – el gobierno toma deuda en moneda extranjera (la mayoría, proveniente de organismos financieros internacionales: Banco Mundial, BID-Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Corporación Andina de Fomento) para financiar obras públicas y/o de infraestructura que se pagan en pesos (como rutas, saneamiento/desagües cloacales, viviendas, etc.); e incluso préstamos que se usan para sostener programas sociales que no sólo se pagan en pesos sino que, por definición, no  tienen capacidad de repago.  

Hasta aquí las objeciones fundadas a la teoría financiera neo-liberal acerca de la institucionalización de un Sistema de Deuda Perpetua.

Pero esta inconsistencia de tipo académico o dogmático se agrava aún más con la matriz de corrupción que este mecanismo de endeudamiento perpetuo genera, tanto por su naturaleza como por las mayúsculas irregularidades que se enmascaran a través de su falta de transparencia:

a)    Todos las administraciones de gobierno restringen el suministro de informaciones claras y concretas sobre las colocaciones de deuda que realizan, no se informa quiénes son los compradores de títulos públicos (la deuda, por definición, tiene carácter anónimo o secreto dado que no se conocen los acreedores del país),  no se informan tampoco los gastos que acompañan las operaciones de endeudamiento y, como agravante, se practica un desfase en las comunicaciones oficiales que mantiene siempre actualizadas con retraso las cifras y los datos de la Deuda Pública.

b)     Gran parte de las colocaciones de deuda se hacen por contratación directa y, las que se licitan – con o sin intermediación de bancos agente/colocadores – no consta que sean debidamente auditadas, por lo que la discrecionalidad de las autoridades (ex Ministerio de Economía y hoy Ministerio de Deuda Pública) es prácticamente total y/o no controlada.

c)    Esta discrecionalidad gubernamental – que no es nueva sino una regla en la cuestión de la deuda argentina – conlleva el manejo unilateral del Ejecutivo en materia de endeudamiento y tiende a agravarse actualmente más aún con la jerarquización de la Secretaría de Finanzas a nivel Ministerio y con las facultades legales delegadas por el Congreso a través de las leyes de Presupuesto y de leyes especiales conexas (como el caso de las facultades irrestrictas de la Ley 27.249, que autoriza la toma de deuda para pago a los holdouts).

Ergo, el sistema de Deuda Perpetua de la Argentina no sólo estaría hoy más fuerte que nunca sino que los asuntos de gobierno están ahora bajo una administración que gobierna con deuda y que piensa seguir haciéndolo pese a la absoluta falta de demostración de capacidad de repago de la misma por parte del Estado.

La inoperancia en cumplir el supuesto objetivo de reducir el déficit fiscal – un hecho reconocido incluso por las propias autoridades – hace que, notablemente, un gobierno que plantea la meta de bajar este déficit en la práctica lo está aumentando[3]; y ese aumento se cubre con más deuda.

No es casual que sea un funcionariado superior integrado mayoritariamente por ejecutivos provenientes de empresas y bancos privados, nacionales e internacionales, el que esté al frente de este tipo de decisiones de endeudamiento en gran escala del Estado Argentino, pese a que tales funcionarios tienen conflicto de intereses porque varias de esas instituciones en las que han revistado son ahora nuevos acreedores privados del país.

Cabe entonces el interrogante de si la toma sistemática de deuda en gran escala que se está produciendo bajo la administración Macri – que no presenta la menor muestra de capacidad de pago (como no sea contrayendo nuevas deudas) - constituye sólo un instrumento para sostener desesperadamente las cuentas fiscales o si, además, esta nueva ola de endeudamiento en curso es un fin en sí mismo: una política destinada a continuar y reforzar aún más el sistema de la Deuda Perpetua bajo coordinación y dependencia de la banca internacional y local.

Desde un punto de vista conceptual es notable la constante histórica de contradicción del establishment neoliberal en la Argentina que implica criticar la intervención del Estado en la vida económico-financiera mientras, al mismo tiempo, se propone y consolida el rol del Estado como principal tomador de deuda en el mercado: un endeudamiento que no sólo resta fondos prestables al sector privado productivo de la Economía sino que, por el contrario, sostiene y subsidia los excedentes bancarios internos e internacionales que, de otro modo, amenazarían quedar ociosos o faltos de rentabilidad.

En este contexto, no es por casualidad que el sector financiero sea el que ha tenido y siga teniendo récords de ganancias en medio de un país sumido ahora en la estanflación (estancamiento con inflación), la caída del consumo por menores ingresos fijos reales de asalariados y jubilados, la menor actividad industrial por la recesión económica y el retraso cambiario con altas tasas de interés locales: algo así como el producto de gobernar para los bancos a través del sistema de la Deuda Pública Perpetua.

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires,  9.1.2017

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 01 09 DP OBJETIVO M

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[1] Pese a su discurso confrontativo, la administración Kirchner también fue parte de este comportamiento, como lo demuestran las declaraciones del ministro Lavagna y su secretario de finanzas Nielsen en relación al Megacanje 2005-2010 y el planteo de la Hoja de Ruta por el nuevo ministro Boudou de 2008; e incluso por los intentos finales de la administración de Cristina Kirchner, bajo el ministro Kicillof, de llegar a un acuerdo con los holdouts (2014).

En todos los casos se asumía que los problemas existentes de impagos debían ser corregidos abonando las deudas atrasadas con nuevo endeudamiento (o financiación equivalente)* – a tenedores de bonos en default, Fondo Monetario Internacional, Club de París, reclamantes en el CIADI y holdouts – para poder volver así a colocar nueva deuda en los mercados de capital.

Con la aclaración importante de que cuando decimos financiación equivalente* nos  estamos refiriendo fundamentalmente a la deuda intra-Estado que, como en el caso del Banco Central (BCRA), implica una transferencia interna de fondos oficiales para el pago de obligaciones del Tesoro  pero que el Banco repone luego tomando más deuda propia (LEBAC y Otros Pasivos).

[2] Sufragio en el sentido de ayuda, favor o socorro.

[3] El Presupuesto 2016 – Ley 27.198 – preveía ya un aumento de la deuda pública de 23.400 MD (nueva deuda en pesos y/o en dólares), producto de refinanciar la totalidad de los vencimientos de Capital (68.000 MD) contra toma total de nuevo endeudamiento por 91.400 MD.

A esto hay que sumarle los 12.500 MD de la Ley 27.249, que autoriza la emisión de nueva deuda para pagar los arreglos de la deuda con los holdouts, que no estaba computada como deuda en firme.

Y a esto hay que agregarle la deuda adicional para cubrir el déficit fiscal del ejercicio, que excedería en unos 10-15.000 MD las previsiones originales.

Las transferencias  de la ANSES y del BCRA, y parte del blanqueo de capitales registrado durante el año que acaba de finalizar pudieran atenuar en parte esta última cifra.

Para  el presupuesto de este año 2017 – Ley 27.341 – se proyecta un endeudamiento adicional de 38.200 MD – producto de endeudamiento público por 96.400 MD contra amortizaciones por vencimientos durante el ejercicio  de 58.200 MD – sin que pueda asegurarse si el déficit previsto (de unos 480.800  M$, equivalentes a 27.000 MD) puede sufrir modificaciones dado los mayores gastos por el año electoral, la llamada reparación histórica a los jubilados, los menores ingresos tributarios por Impuesto a las Ganancias y los  crecientes compromisos con las provincias (empezando con el sostenimiento de la provincia de Buenos Aires).