
La jueza federal subrogante Silvina Domínguez determinó que un territorio de 180 hectáreas ubicado a tan solo 12 kilómetros de Bariloche deben ser entregados a la comunidad Millalonco Ranquehue.
Esta comunidad ocupa ilegalmente la zona, y está vinculada a las agrupaciones mapuches que hacen ataques en el sur, y cuyos miembros integrarían el grupo terrorista RAM.
El territorio, por su parte, pertenece al Estado Nacional, y permanece bajo custodia del Ejército Nacional desde 1937, donde se llevaban a cabo tareas de instrucción de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.
Por eso, el Ministerio de Defensa Nacional apeló la decisión judicial, pero finalmente la Cámara de Apelaciones de General Roca desestimó el recurso presentado, con los votos de los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, responsables de este ultraje a la soberanía nacional.
El abogado de la comunidad indígena, Matías Schraer, había anticipado que el recurso planteado por el Estado fue presentado fuera de término, y de eso se agarró la Cámara de Apelaciones para beneficiar a los mapuches.
Según la Corte, “la sentencia impugnada fue notificada el 2 de febrero a las 12.11 y el recurso presentado el 6 de febrero a las 20.25, cuando había expirado el plazo para poder hacerlo“, un error grosero de los abogados del Ministerio de Defensa en caso de ser cierto.
Ahora, si bien el Gobierno podría apelar a la Corte Suprema, todo indica que deberá iniciar los trámites para la transferencia inmediata del territorio al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que “acondicionará” la situación para su posterior adjudicación a comunidad Millalonco Ranquehue.
El fallo de Domínguez y sostenido por la Cámara de Apelaciones crea un preocupante antecedente legal, ya que dice básicamente que cualquier territorio ocupado por comunidades mapuches podría pedir que la Justicia les entregue el territorio.
Esta decisión afecta un territorio federal ocupado, pero podría ser usado como jurisprudencia para otros casos donde los territorios usurpados pertenecen a manos privadas, sea otros ciudadanos argentinos o importantes empresas nacionales.
El abogado de Bariloche Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.
A través de un proyecto de resolución que presentó el diputado Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial, y pidieron su nulidad.
En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”.
En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.
Fuente:https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2022_5_5&id=110036&id_tiponota=24
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