La pregunta sobre un posible tráfico de órganos es algo muy habitual. Además de comentarios en textos periodísticos, también pueden encontrarse ofertas en Facebook y hasta en populares sitios de compra y venta de artículos.
¿Se trata de vendedores reales o son simples personas inmersas en la pobreza, que se dejaron llevar por un impulso? Una cosa es segura: si alguien vende un órgano, otro lo debería comprar para concluir este círculo.
El tráfico de órganos a nivel internacional tomó tal relevancia que el 7 y 8 de febrero de este año se realizó una cumbre en el Vaticano, donde participaron más de 50 países para debatir el conflicto. El flagelo existe. De hecho, en 2008 se desarrolló la Cumbre Internacional sobre Turismo de Trasplantes y Tráfico de Órganos, convocada por ‘The Transplantation Society’ (TTS) y la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN, por sus siglas en inglés) y celebrada en Estambul, Turquía. En aquel encuentro se establecieron pautas comunes para combatir esta clase de comercio, coincidiendo en que la mejor forma de enfrentarlo es teniendo un sistema de trasplantes ordenado, regulado por el Estado y transparente.
Además, se destacó que “el acto de donación debe ser observado como heroico y valorado como tal por los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil”. A su vez, en 2010 la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS instó a la Dirección del organismo a brindar “apoyo a los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales con el fin de prohibir el tráfico de material de origen humano y del turismo de trasplantes”.
En la Argentina, las autoridades sostienen que su sistema funciona perfectamente y tiene una condición privilegiada con respecto a Latinoamérica. La presidenta del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), María del Carme Bacqué, asegura que “la donación y trasplante de órganos aumentaron un 15 % con respecto al año pasado”.
También destaca que disminuyó la oposición de las familias a donar órganos de personas fallecidas —a menos que expresen su negativa antes de morir, todos los argentinos son presuntos donantes al dejar de vivir, pero se necesita la aprobación de los familiares, según la ley local—. “El año pasado teníamos entre un 40 % y 45 % de oposición familiar, a partir de mayo se redujo hasta un 32 %”. La campaña comunicacional del Estado surte efectos positivos.
Actualmente, nuestro país tiene 12,12 donantes efectivos por cada millón de habitantes. En 2015 tenía 13,75, mientras que países como Chile en ese mismo año contaban con casi la mitad: 7,8. En total, Argentina alcanzó “un número récord” de 1.327 trasplantes de órganos en lo que va del año y la nación trasandina —con menos habitantes que su vecino— llevaba 370 hasta septiembre, según el Ministerio de Salud chileno. A pesar de los avances, Bacqué reconoce que todavía están lejos de alcanzar la autosuficiencia estipulada por la OMS, es decir, “que todas las personas en lista de espera cuenten con la misma accesibilidad a un trasplante”. Aún no se cubre toda la demanda.
Para explicar su argumento, disipa las dudas: “En Argentina la compra y venta no tienen lugar. Hace 40 años que existe el INCUCAI y nunca hubo una denuncia judicial sobre ello. Eso sólo puede pasar en países que por su falta de desarrollo sanitario no tienen tecnología para trasplantes, también en regiones vulnerables donde se acude a esto por problemas económicos. Se sabe de personas con gran poder adquisitivo que viajan a esos lugares para acceder a un órgano, pero en Argentina se prohíbe expresamente la donación de órganos de un donante vivo no relacionado”.
Y concluye el reportaje: “Acá el tráfico es imposible porque el trasplante es un proceso médico de alta complejidad. Requiere capacitación y tecnología de precisión. Además, es una práctica costosa y su seguimiento también, donde aparecería rápidamente que el origen del órgano no fue una fuente legítima. Los pacientes tienen que recibir drogas especiales, de por vida. Además, el trasplante sólo es efectivo si se cumplen una serie de compatibilidades entre el donante y el receptor, como su tamaño y edad. Los establecimientos que hacen esto deben seguir rigurosas normas, reguladas por el INCUCAI. Para cualquiera de estas operaciones, se necesitan más de 100 profesionales”. Resta por ver si América Latina logra vencer definitivamente al tráfico de órganos.
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