El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsará el juicio político contra tres magistrados que beneficiaron con prisiones domiciliarias a delincuentes peligrosos. El texto de la denuncia contra uno de ellos
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Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsará el juicio político contra tres jueces que otorgaron morigeraciones de prisión a detenidos con la excusa de la pandemia de coronavirus.
Uno de los denunciados es el Dr. Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los otros dos son magistrados de San Isidro y Lomas de Zamora cuyos nombres aún no han trascendido.
Según la denuncia a la que tuvo acceso Infobae, el juez Blum benefició con prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars el pasado 7 de abril.
Ibars había sido condenado en noviembre de 2015 a siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor que tenía 17 años. El hecho fue especialmente aberrante dado que la víctima sufría de retraso madurativo. Al momento de la liberación, el abusador todavía debía pagar dos años y siete meses de su condena.
En primer lugar, el pedido de juicio político contra el juez Blum señala que incumplió con los deberes inherentes a su cargo debido a que no aplicó “razonadamente” el derecho vigente y no valoró adecuadamente las características particulares del caso.
En términos concretos, el magistrado nunca explicó en detalle las razones por las que consideró oportuno otorgar la prisión domiciliaria al abusador.
Además, no acreditó ninguna enfermedad o circunstancia que coloque al condenado en el grupo de mayor riesgo en relación al resto de la población carcelaria y tampoco corroboró que la prisión domiciliaria lo deje en una situación de menor riesgo de contagio.
De hecho, los denunciantes señalan que el informe socio ambiental se realizó por teléfono y aún así se corroboró que en la vivienda en la que sería alojado residen 10 personas. Por lo cual hasta podría considerarse que el peligro de contagio es aún mayor.
Por otro lado, el juez nunca pidió informes sobre las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario para prevenir los contagios y tampoco solicitó los informes técnicos criminológicos o análisis gráficos de conductas del detenido.
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Cabe destacar que al momento de redactarse la denuncia, no se registraba ningún caso de contagio ni sospechoso bajo análisis en la Unidad 19, donde cumplía su condena el abusador.
Como señala el texto, la inexistencia de casos positivos hace que la prisión domiciliaria haya sido otorgada en base a una “lógica ilusoria de la urgencia” o a un “peligro de un peligro” que hasta el momento no se concretó.
La otra falta que denuncian contra el magistrado -probablemente la más grave- fue haber vulnerado el derecho de la víctima a quien nunca notificó ni escuchó como impone la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto N° 421/2018 del 9 de mayo de 2018.
Según esta norma, el juez está obligado a dar participación a la víctima antes de otorgar un beneficio. “Negar el derecho a ser oído ex-ante, por la víctima y sus representantes, es la arbitrariedad más gravosa pues, viene impuesta por la omisión y negación del derecho en manos de quién debe conocerlo y garantizarlo”, dice la denuncia en referencia a Blum.
La joven abusada se enteró de la liberación de su atacante a través de los medios a raíz del escándalo político que generó la liberación de cientos de detenidos debido a la pandemia.
La Justicia también investigará si hubo irregularidades en los beneficios otorgados a otros detenidos por el mismo juez: Jorge Pedro Bergondi (abuso sexual agravado de una menor de 9 años), Pedro Efrain Muñóz (abuso sexual reiterado), Luis Alberto Riquelme (abuso sexual agravado), Ricardo Roberto Moreyra (abuso sexual agravado), Eduardo Ariel Ziegemann (abuso sexual con acceso carnal), Juan Matiolli (robo agravado por el uso de arma de fuego), Claudio Molina (robo agravado por el uso de arma de fuego), Rodrigo Pereda (robo con armas), Oscar Galetti (homicidio agravado por alevosía), Juan Domingo Sosa (robo agravado por el uso de arma) y Cristian Marcelo Victola (robo agravado).
Ahora, será el turno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires decidir si concede la admisibilidad del jury y suspende de sus funciones al juez Blum.
Impulsan juicio político contra el juez Blum por liberación de presos peligrosos
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está impulsando una investigación sobre lo actuado por el juez de Bahía Blanca. También hay otros dos magistrados en la mira de San Isidro y Lomas de Zamora.
El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.
La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.
El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.
Además, se lo investiga por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.
“Existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el Magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Tampoco valoró adecuadamente la prueba relevante incorporada al expediente”, indica el escrito.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros legisladores como Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge Donofrio impulsaron esta semana el juicio político contra Claudio Blum y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.
Además, recibieron el apoyo de la Oficina de Víctimas del Congreso que lidera Sandra Rossi y de la que participan entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone, de Madres del Dolor.
“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos», señaló Massa en medio de la polémica por las liberaciones que llevó a la reacción de buena parte de la población a través de un cacerolazo el pasado jueves.
“Estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Massa.
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