Por Fausto Frank
El Gobierno de Estados Unidos coordina con redes sociales (Facebook, Instagram, y Twitter, entre otras) mecanismos de censura de la información que considera inconveniente o “narrativas tóxicas”. Así lo reveló una filtración de documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés: Department of Homeland Security) dada a conocer por The Intercept. Queda así demostrado lo que era un secreto a voces, que desde altas instancias del poder se formatea el discurso dominante, solo permitiendo aquel que se encuentra dentro de lo “políticamente correcto”, “correcto” según el criterio del poder. Lee Fang y Ken Klippenstein detallan en el informe publicado a fines de octubre las estrechas relaciones de trabajo, y las reuniones regulares, entre el DHS y las cúpulas de Silicon Valley.
El DHS fue creado luego del 11-S para coordinar las operaciones de inteligencia y seguridad interior, pero actualmente considera estratégica la vigilancia de lo que denomina “desinformación” (o información no alineada con los parámetros de la agenda oficial) en las redes sociales.
Entre los temas que el Departamento categoriza con el ambiguo rótulo de “información inexacta” se incluyen: cuestionamientos a la tesis oficial del origen del Covid-19, cuestionamientos a la eficacia de las inoculaciones contra el Sars-cov-2 que promociona el Gobierno, cuestionamientos a la mirada oficial de los EEUU sobre el conflicto en Ucrania, cuestionamientos a la retirada de EE.UU. de Afganistán, cuestionamientos a las políticas “woke” del gobierno de los EEUU, etc.
Si bien estas relaciones entre el Deep State y las empresas de redes sociales venían de mucho antes, las mismas se profundizaron en medio del pánico que surgió por el resultado de las elecciones del 2016, que dieron por ganador a Donald Trump, lo que generó por parte del Partido Demócrata denuncias de una supuesta injerencia de la inteligencia rusa y la instrumentalización como arma de las redes sociales. Un funcionario del FBI indicó que, en el verano del 2020, fue “reasignado de su trabajo normal de contrarrestar los servicios de inteligencia extranjeros a la vigilancia de las cuentas de los medios sociales estadounidenses”.
Antes de las cruciales elecciones del 2020, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA en inglés), que responde ante el DHS, mantuvieron reuniones de inteligencia mensuales con empresas como Twitter, Facebook, Wikipedia, Reddit y Microsoft para discutir cómo estas empresas “manejarían la desinformación”.
Las actas de la reunión de la CISA también exponen al director de la Iniciativa de Seguridad Electoral, Geoff Hale, instando al “uso de terceras partes sin ánimo de lucro” (ONG’s) como “centro de intercambio de información de confianza para evitar la apariencia de propaganda gubernamental”, o sea, como pantallas del gobierno y los servicios de inteligencia norteamericanos, lo que se ha venido viendo con la aparición en los últimos años de un sinfín de “Fact-checkers”, que “verifican” los contenidos que los usuarios publican.
Facebook creó incluso un portal especial destinado a la censura de contenidos, que requiere un correo electrónico de las fuerzas de seguridad para acceder y directamente marcar el contenido en Facebook o Instagram a ser suprimido. El “sistema de solicitud de contenidos”, “XTakeDowns”, de censura institucionalizada, sigue activo: facebook.com/xtakedowns/login
Entre los documentos judiciales analizados por The Intercept, el FBI también podría haber tenido un papel más importante de lo que se creía en la censura de la historia de la notebook de Hunter Biden, hijo del actual presidente, puesto que dos agentes habrían participado directamente en las conversaciones que condujeron a la supresión de la historia por parte de Facebook: Laura Dehmlow, jefa de sección del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI (FITF), y Elvis Chan, agente especial de la oficina de campo de San Francisco, California. Dehmlow, advirtió que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría “socavar el apoyo al gobierno estadounidense”.
Antes de las elecciones de 2020, gigantes tecnológicos como Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon Media se reunían mensualmente con el FBI, CISA y otros representantes gubernamentales. Según NBC News, las reuniones fueron parte de una iniciativa, aún en curso, entre el sector privado y el gobierno para discutir cómo las empresas manejarían la “información errónea” durante las elecciones. Durante las elecciones de 2020, CISA comenzó a trabajar con otros miembros de la comunidad de inteligencia de EE. UU. Fue en esa etapa que agentes de la Oficina de Inteligencia y Análisis asistió a “teleconferencias semanales para coordinar las actividades de la Comunidad de Inteligencia para contrarrestar la desinformación relacionada con las elecciones”. Según el informe, las reuniones se siguieron realizando cada dos semanas luego de las elecciones.
El comité asesor de CISA del DHS, que incluye a la recientemente despedida por Elon Musk de Twitter, Vijaya Gadde, redactó un informe en el que pedía un rol mayor para la agencia en la configuración del “ecosistema de la información” e instó a la agencia a monitorear de cerca las “plataformas de redes sociales de todos los tamaños, los principales medios de comunicación, las noticias por cable, los medios hiperpartidistas, los programas de radio y otros recursos en línea”. Argumentaron que es imprescindible controlar la información que cuestione a “instituciones democráticas clave”, y dieron como ejemplo: “los tribunales, el sistema sanitario, o el sistema financiero”.
La Fuerza de Tareas del FBI para la “Influencia Extranjera” en las redes este año incluye a 80 personas enfocadas en frenar los “datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno”. Con este fin, el FBI lleva gastados millones de dólares en software de seguimiento de redes sociales como Babel X y Dataminr.
El informe identifica correos electrónicos entre funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, y Zuckerberg al momento de surgir el Covid-19, y revela discusiones entre altos funcionarios de la administración de Biden con ejecutivos de Meta sobre el desarrollo de políticas de moderación de contenido relacionado con esta temática.
Muchos de los documentos salieron a la luz debido a la demanda del fiscal general de Misuri, Eric Schmitt. La administración Biden ha tratado de desestimar esta demanda argumentado que las redes sociales eliminaron “voluntariamente” las publicaciones sin ninguna influencia coercitiva del Gobierno, lo que estaría prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, para Nadine Strossen, expresidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), “si un gobierno autoritario extranjero enviara estos mensajes, no hay duda de que lo llamaríamos ‘censura'”.
El crítico de medios Jack Shafer sostuvo que el Gobierno no tiene autoridad moral para determinar qué información es falsa y cuál no: “Nuestro gobierno produce mentiras y desinformación a escala industrial y siempre lo ha hecho. Sobreclasifica información vital para impedir que sus propios ciudadanos se vuelvan más conscientes, y les paga a miles de agentes de prensa para esconder lo importante”.
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